UNO DE LOS ASPECTOS MÁS AVANZAdos de la histórica sentencia proferida por la Corte Suprema de Perú contra Alberto Fujimori es que reconoce expresamente la ejecución de crímenes de Estado que se explican “a partir de la configuración de un aparato de poder organizado en cuya cúspide se encontraba el acusado como jefe de Estado y jefe supremo de las Fuerzas Amadas y Policía Nacional”.
A pesar de que la criminalidad estatal como parte del ejercicio del poder político ha sido un hecho frecuente en la historia, son pocos los fallos judiciales en los que se demuestra la existencia de este fenómeno. Regularmente la tesis de la conformación del Estado, o de dependencias estatales, en sistemas de terror es concebida como algo inverosímil. La denuncia sobre el diseño de planes por altos funcionarios de gobierno, e incluso por el propio jefe de Estado, cuyo propósito es la eliminación de ciudadanos, es vista como una ficción ideológica que pretende deslegitimar el poder soberano. En situaciones de violaciones generalizadas de derechos humanos la sospecha de que los máximos autores de los ilícitos están en la cima del poder es tratada como un desvarío, o como una peligrosa acusación cuyos autores deben ser reprimidos.
Las más de 700 páginas de la sentencia contra Fujimori sustentan la cadena de indicios que prueba cómo surgió el aparato criminal. Durante los años de su gobierno se produjeron cambios estructurales en instituciones del Estado peruano que tenían por finalidad adaptarlas para la perpetración de asesinatos selectivos. Los organismos de inteligencia se transformaron en entidades encargadas de espiar a los opositores políticos, y se conformó a la sombra del poder ejecutivo un grupo paramilitar que llevaba a cabo homicidios, desapariciones forzadas y masacres. Ese aparato se encargaba no sólo de perpetrar los delitos. Su función era también encubrirlos, e incluso legitimarlos socialmente por medio de condecoraciones y ascensos otorgados a los funcionarios involucrados. Dentro de esta jerarquía de poder, la responsabilidad penal de Fujimori fue la del “autor mediato”, es decir, la del encargado de utilizar su influencia para poner en marcha el dispositivo criminal, dirigirlo y contribuir a ocultar ante la opinión pública las actuaciones de las redes criminales.
Desde esta perspectiva específica la condena del ex presidente Fujimori tendrá efectos sobre el contexto colombiano. Poco a poco en Colombia se ha comenzado a reconocer la existencia de la criminalidad cometida por los agentes del Estado. Dicho reconocimiento es aún parcial y débil. No contiene todavía, en forma explícita, la aceptación de que no se trata de actos cometidos por individuos aislados, sino del funcionamiento de instituciones como aparatos criminales. Falta que aquí sean identificados por los jueces los máximos responsables de tales desviaciones de poder: los autores mediatos o directos que han propiciado en nuestro país décadas de abusos y crímenes de Estado.
~~~
El anuncio hecho por las Farc de que liberarán en forma unilateral al cabo Pablo Emilio Moncayo es una nueva demostración de la legitimidad del trabajo de Colombianas y Colombianos por la Paz, liderado por la senadora Piedad Córdoba. También es el resultado de la perseverancia del profesor Gustavo Moncayo. Para que la operación humanitaria que conduzca a esta nueva liberación sea pronta y exitosa, el Gobierno debe brindar todas las garantías necesarias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario