Bogotá, 19 de julio de 2010.
Señores:
FREDY RENDÓN HERRERA
RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA
RODRIGO PÉREZ ALZATE
ARNUBIO TRIANA MAHECHA
JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA
ÁLVARO SEPÚLVEDA QUINTERO
EDWAR COBOS TÉLLEZ
JESÚS IGNACIO ROLDÁN
Miembros desmovilizados de las AUC
Respuesta a su misiva del pasado 6 de Julio:
La verdad, la justicia y la reparación son deberes que ustedes deben cumplir, y derechos de todas las víctimas y la sociedad colombiana. Así lo consagran normas como la Ley 975 de 2005, a la que en calidad de desmovilizados se acogieron, y que establece que para obtener beneficios de carácter jurídico, se debe confesar toda la verdad sobre sus acciones y alianzas, esclarecer plenamente todos los aspectos del fenómeno paramilitar -incluyendo los nombres de quienes los patrocinaron, financiaron, comandaron, apoyaron e instigaron- y resarcir a las víctimas integralmente.
Somos conscientes que en todo este proceso se han presentado numerosos hechos que buscan garantizar la impunidad a quienes ordenaron a las AUC la ejecución de crímenes masivos y sistemáticos, con el fin de acumular riquezas y poder político. Sabemos que en estos años fueron asesinados más de 2.000 desmovilizados en situaciones que no han sido dilucidadas por los órganos judiciales. Sabemos, igualmente, que se han proferido amenazas, y en algunos casos cometido atentados, contra sus familiares para impedir que ustedes confiesen. También que se ha utilizado el procedimiento de extradición como mecanismo para obstaculizar los procesos de investigación y juzgamiento en Colombia.
Tal y como ustedes mismos lo expresan, la sociedad colombiana no conoce aún las dimensiones reales que ha tenido el fenómeno paramilitar, y que este último trasciende por mucho las estructuras militares bajo su mando. Sobre este particular, son reveladoras sus afirmaciones: “El aparato armado – inmerso en el proyecto macro del paramilitarismo, sólo constituye la punta del iceberg de éste fenómeno, cuya magnitud, aún no se ha exhibido a los ojos del país en su real dimensión”. “[D]e nada valdrá la comparecencia de los ex combatientes a la justicia, de nada valdrá la aplicación del beneficio punitivo de la pena alternativa, en fin, de nada valdrá la verdad y la justicia a medias, si quienes personifican el fenómeno paramilitar desde los distintos estadios de la sociedad y el Estado continúan agazapados detrás de las paredes del poder político y económico, evadiendo, a cualquier precio, la responsabilidad que están llamados a asumir”.
De este modo, contribuiría significativamente a este proceso que ustedes entreguen a los fiscales y jueces toda la información y todas las pruebas disponibles para responder a las preguntas: ¿Cuáles son las verdaderas dimensiones de la “parapolítica”, la “parainstitucionalidad” y la “paraeconomía”? ¿Quiénes son los verdaderos jefes de las redes que conforman esas estructuras? ¿Quiénes ordenaron las incursiones armadas, los asesinatos selectivos y las masacres? ¿Cuáles de ellos continúan, como ustedes dicen, “agazapados en el poder político y económico“? ¿Qué empresas multinacionales participaron en esos planes de exterminio? ¿Quiénes están al mando de los nuevos grupos paramilitares que actualmente operan en el país? ¿Cuál es la verdadera dimensión del despojo de tierras? ¿En qué consiste la estructura de testaferrato para legalizar esa usurpación y qué consorcios están detrás de la compra masiva de tierras que han sido sometidas a extinción de dominio?
Tales respuestas sustentadas en pruebas y entregadas a las autoridades competentes, pueden constituirse en un aporte esencial para que se realice el principio de no repetición de los crímenes de lesa humanidad, para la restitución de tierras y territorios a comunidades desplazadas, y para que Colombia alcance la reconciliación nacional y la paz.
Si bien el Polo Democrático Alternativo se ha declarado en oposición al nuevo gobierno y no hace parte del Acuerdo de Unidad Nacional que éste ha propuesto, estamos dispuestos a explorar múltiples vías que ofrecen las leyes vigentes en el país para garantizar la revisión de los criterios de extradición en el caso de quienes participen activamente en un auténtico proceso de justicia, verdad y reparación; a buscar la protección de los familiares de los ex jefes de las AUC, y a propiciar la investigación exhaustiva de los asesinatos del que han sido objeto los desmovilizados.
El diálogo colombiano sobre la tierra, su uso y su función social, sobre la reparación integral de las víctimas y sobre la verdad está abierto en Colombia, y nosotros creemos que es a partir de allí de donde comenzará el verdadero proceso de la reconciliación nacional.
Gustavo Petro Urrego Iván Cepeda Castro
Ex Candidato Presidencial Representante a la Cámara
Polo Democrático Alternativo
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