EN DEBATE DE CONTROL SOBRE POLÍTICA AGRARIA Y TIERRAS
El representante Iván Cepeda puso en conocimiento tres casos en los que las empresas extranjeras Drummond, Prodeco y Cerro Matoso se apropiaron de tierras que fueron baldíos adjudicados a campesinos, otras de reforma agraria, y de propiedad de campesinos desplazados, en los departamentos de Cesar y Córdoba.
BOGOTÁ. 07/05/2014. El representante a la Cámara Iván Cepeda Castro denunció varias estrategias utilizadas por empresas trasnacionales mineras que operan en Colombia, para apropiarse de grandes extensiones de tierra en las regiones donde desarrollan sus operaciones.
Drummond. Caso del predio Mechoacán, La Jagua de Ibirico (Cesar).
El lugar en donde hoy se extienden estas minas no eran tierras vacías, la gran mayoría fueron tierras de Reforma Agraria del Incora entre las décadas de 1960 y 1990.
“Lo que se vivió en el Cesar fue una verdadera estrategia de vaciamiento del territorio de mano de los grupos paramilitares a favor de Drummond”, afirmó Cepeda.
Desde 1996 hasta 2006 se emprendió una estrategia paramilitar para desplazar a los parceleros. No hubo un desplazamiento masivo, se trató de varios hechos criminales que causaron enorme temor en la población: asesinatos, entre ellos a dos presidentes de la junta de acción comunal, desapariciones, quema de ranchos, amenazas.
El Ministerio de Ambiente en 2007 aprobó el plan de manejo ambiental del proyecto carbonífero La Loma en el que establece que Mechoacán está en la zona de influencia. Drummond compra formalmente la mayoría de parcelas, varias de las cuales fueron verdaderos despojos, a través de escrituras falsas.
Según el congresista, la empresa se benefició del accionar paramilitar que desplazó a campesinos, quienes aparecieron años después firmando escrituras públicas falsas. Lo increible es que la Empresa Carbonera hoy busca legalizar el despojo a través de procesos de prescripción adquisitiva de dominio contra campesinos desplazados y asesinados.
Prodeco. Caso de la hacienda El Prado. Chiriguaná (Cesar)
La decisión judicial que ordena la restitución de las tierras que componen El Prado al Incoder, sigue pendiente de cumplimiento luego de dos años y medio. Prodeco mantiene la posesión sobre las tierras, y los campesinos han anunciado su decisión de retornar el 13 de mayo.
El 21 de mayo de 1997 el Incora compró la hacienda El Prado. 1.265 hectáreas que entregó materialmente a 51 familias.
En su versión del 6 de junio de 2011, alias ‘Samario’ confesó que la orden que le dieron sus superiores (‘Jorge 40’) fue matar y desplazar a las familias de El Prado.
La primera masacre ocurrió el 19 de mayo de 2002 cuando desaparecieron a una familia completa, entre ellos un menor de edad. Sobre estos hechos en abril de este año se logró entregar restos de 2 personas incluyendo el menor de edad, quienes fueron encontrados en una fosa dentro de los predios que hoy tiene Prodeco, fosas ubicadas en territorio de explotación minera.
En total, mataron a 18 miembros de las familias parceleras y desaparecieron a 5 más. Se produjo el desplazamiento de las familias entre 2002 y 2003.
Los campesinos atemorizados abandonaron sus tierras, que poco tiempo después perdieron, con la complicidad del notario de Chiriguaná y de algunos funcionarios del Incoder en Cesar, que falsificaron los títulos de propiedad y se los entregaron a testaferros de los paramilitares.
El 27 de enero de 2007 Prodeco y el Incoder celebraron una permuta con la empresa minera. El Incoder se comprometió a entregar 1.115 hectáreas de la finca El Prado y en compensación la empresa Prodeco compraría un predio por un valor no superior a 4,349 millones de pesos en un plazo de tres meses contados a partir de la firma de la escritura.
Frente a estos hechos, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar en 2011 dejó claro que según el certificado de tradición y libertad, el predio tenía una medida de protección ordenada por la Procuraduría General de la Nación, lo que impedía la permuta del predio a Prodeco. Sin embargo, el Incoder omitió esta medida y realizó dicha negociación, desconociendo el derecho de las víctimas.
Incoder ha desacatado la orden judicial durante dos años y medio, y los campesinos siguen en la miseria, quienes han anunciado su retorno a un predio q hoy es un basurero de la minera.
Cerro Matoso. Puerto Libertador (Córdoba). Acumulación tierra adjudicada como baldía.
la empresa Cerro Matoso no ha sido ajena al acaparamiento de predios inicialmente adjudicados como baldíos. La compañía ha adquirido 5 bienes ubicados en Puerto Libertador que no se pueden acumular en cabeza de un solo propietario. En este caso la extensión de los predios comprados es de 265 Has, superando el límite máximo de la UAF de la Zona Relativamente Homogénea No. 2 que es de 49 hectáreas.
OFICINA DE PRENSA HR IVÁN CEPEDA
